En este último año las debilidades del sistema público de salud se han evidenciado con toda su crudeza. Los años de recortes con la falta de financiación y la derivación de cada vez más recursos a la sanidad privada lo han dejado a borde del colapso. En Andalucía, tras décadas de gobiernos socialistas, el principal responsable de esta situación ha sido precisamente el PSOE. El actual gobierno del PP y Ciudadanos, lejos de corregir esta deriva, la está profundizando: el gran negocio detrás de la salud es demasiado suculento para dejarlo fuera de la lógica capitalista.
Para aquellos sectores sociales que pueden permitírselo, la opción de acudir a la sanidad privada, a través de los seguros privados, cobra cada vez más peso. “Para cosas del día a día, lo mejor es la sanidad privada y para las cosas importantes, la pública” suelen decir. Esta opción, individual e individualista, siempre resulta más sencilla y fácil que la de pelear en defensa de una sanidad pública correctamente financiada, dotada de personal y los recursos necesarios.
Pero para el conjunto de la clase obrera de este país, la única opción válida es la de pelear precisamente por esta meta. Y es que hay que recordar que el sistema público de salud que garantiza la atención pública, universal y gratuita fue una de las grandes conquistas de las luchas populares del siglo XX de nuestros padres y madres. Y esta conquista se ve ahora en peligro por el dominio, casi sin contestación en los últimos años, de la lógica que promueve la primacía de las ganancias de las empresas y las corporaciones de medicina privada sobre el derecho a la salud, con una transferencia de recursos de lo público a lo privado que está haciendo que estas compañías ganen ingentes cantidades de dinero: la crisis del Covid ha sido una oportunidad para eso.
Por esta situación queremos traer aquí las reivindicaciones que la Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas y en la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Granada han planteado de cara a la movilización que se desarrolló este 20 de marzo pasado con una última reflexión: a la hora de luchar por recuperar nuestros derechos, incluido el derecho a la salud cobra relevancia tanto las medidas que se plantean como los aliados que se construyen para llevar a cabo el cumplimiento de esas demandas, evitando caer en hacer el juego a nadie para que no resulte que los más entusiastas defensores de hoy de estas medidas sean los mismos que ha estado años y años empeñados en hundir nuestro sistema sanitario público. En Andalucía, el responsable de esto ha sido el PSOE y conviene tenerlo presente y no olvidarlo.
Aquí os dejamos el listado de reivindicaciones para el plan de choque que se demanda desde la Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas:
1) El gobierno andaluz debe aclarar en qué ha invertido los 1000 M de € estatales de ayuda COVID, durante 2020.
2) Políticas activas de mitigación de la pandemia mediante un aumento en los presupuestos de salud pública y de prevención, implementación de las restricciones adecuadas de la movilidad que eviten niveles de incidencias como las actuales, con índices de morbi-mortalidad evitables. No a SALVAR LA SEMANA SANTA.
3) Contrato inmediato de 500 rastreadores nuevos para la COVID y de los recursos suficientes para la realización rápida de PCR, para así minimizar las sucesivas olas de la pandemia, lo que permitirá que el grueso de los recursos de la Sanidad Pública puedan ocuparse de las patologías no COVID graves, que no están siendo atendidas actualmente. Hay que tener en cuenta que Andalucía es la CCAA con menores tasas de rastreadores y PCR por habitante. El coste de esto es de 15 M de €/año.
4) Contrato inmediato de 1200 facultativ@s, 1500 enfermer@s y 500 miembros de personal de apoyo para la Atención Primaria (AP), para acabar con la saturación y asfixia laboral actual, uso excesivo de la consulta telefónica y para que la AP vuelva a poder cumplir sus funciones de Atención integral a toda la población con consultas presenciales y actividades de Prevención y Promoción de la salud. Coste 140 M de €/año.
5) Contrato inmediato de 1200 facultativ@s, 1200 enfermer@s y 500 miembros de personal de apoyo para abrir los 19 hospitales de referencia y de especialidades que existen en Andalucía en turno de tarde con personal nuevo, para disminuir de forma drástica las listas de espera. No puede ser que estos centros y su costoso instrumental se usen casi exclusivamente de 8 a 15h. Coste 135 M de €/año. PONER LA SANIDAD PÚBLICA A TRABAJAR A TOPE EN VEZ DE PAGAR CONCIERTOS CON LA MEDICINA PRIVADA.
6) Garantizar la coordinación del Sistema Público Salud con las Residencias de Mayores públicas y privadas con el fin de asegurar que reciban los recursos humanos y la atención sanitaria que nunca debió faltarles según el artículo 10 del Real Decreto ley 21/2020.
7) Implementar un sistema de participación real de la ciudadanía en temas de salud. Promover políticas de Educación Sanitaria sobre la pandemia y no solo culpabilizar a la población, sobre todo a los jóvenes.
8) Acelerar en lo posible la vacunación de la población. Suspensión de las patentes de las vacunas anti-COVID en la pandemia actual y acceso universal a las mismas.
9) Políticas de intervención social que protejan a la población vulnerable y a las bolsas de pobreza que se están incrementando y que hacen aún más severo el riesgo para la salud en este segmento de población.
Este plan es factible con los recursos económicos disponibles: 1000 M de € del gobierno central, 150 M de € adicionales para conciertos privados en 2020, “hucha” de 450 M de € adicionales para este fin en 2021, y gastos superfluos de 30 M de €/año para eliminar la exclusividad y favorecer el trasvase de profesionales a la medicina privada y de 200 M de €/año más en farmacia al eliminar las subastas Es cuestión de voluntad política.
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