Problemáticas en torno al desahucio por alquiler social

Desde las plataformas de afectados por la hipoteca, tras años de lucha contra los desahucios derivados de ejecuciones hipotecarias, nos encontramos ahora con los desahucios derivados de alquileres sociales. Y es que, tras haberse logrado una reestructuración de la deuda o tras haberse condonado la misma y haberse suscrito un alquiler social, al no haber mejorado las condiciones de vida de las familias endeudadas, nos encontramos ante nuevas situaciones de impagos no protegidas por la actual regulación de los alquileres. Este es el caso de las compañeras Soumia y Ana Mari, ambas militantes de la plataforma Stop Desahucios Granada 15M, madres trabajadoras en situación de vulnerabilidad social. Ambas se encuentran inmersas en un proceso de desahucio derivado de impago de alquiler. En este tipo desahucios, ya no operan los controles sobre las cláusulas abusivas, y únicamente se valora si se ha hecho frente o no al pago de la deuda.

De momento, ambos procesos se encuentran paralizados gracias a la doctrina contenida en la sentencia del Tribunal Supremo número 1797/2017, de 23.11.2017 . En ella se determina que es exigible que el juez que conozca de la solicitud de desahucio contemple la situación singular de los menores afectados.

Por todo ello, de acuerdo con la obligación que tienen los poderes públicos de velar por el desarrollo físico, mental, moral y social de los niños menores de edad, en aquellos supuestos en los que el desahucio recaiga sobre una vivienda en la que residen menores, será necesario que el juez tramitador del asunto haga un juicio de proporcionalidad, que podrá concluir con la suspensión del lanzamiento, mientras no se haya encontrado alternativa habitacional para los menores afectados.

Estos motivos han servido como argumentación legal para mantener en la vivienda a las compañeras Soumia y Ana Mari, quienes ostentan menores de edad a su cargo. No obstante lo anterior y, con una mirada reflexiva desde un movimiento que lucha por el acceso a una vivienda digna, se hace necesario, ahora más que nunca, una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que contemple las situaciones de las familias obreras que, tras haber perdido su vivienda y haber suscrito un alquiler social, no pueden hacer frente ahora al pago del mismo, lo cual acaba llevándoles al mismo punto de partida: el desalojo de su vivienda única y habitual.

 

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