El hogar para una trabajadora del hogar

cuidado y mepleo en el hogar

Cuando se debate sobre los derechos de las trabajadoras del hogar se suelen mencionar el salario mínimo, los períodos de descanso y vacaciones, los aportes a la seguridad social, el subsidio por desempleo o las situaciones de acoso. Sin embargo, es poco frecuente que se piense en otras faltas de derechos derivadas de esta situación laboral.

En esta ocasión vamos a reflexionar sobre el derecho a la vivienda para las trabajadoras del hogar.

El 90% de las trabajadoras del hogar tenemos dificultades para acceder a una vivienda digna así como a créditos bancarios. De sobra sabemos lo que implica intentar alquilar en los casos que no contamos con ‘papeles’, bien porque nuestra situación administrativa no es regular, bien porque los empleadores no nos hacen contrato, o por la combinación de ambas situaciones.

El caso es que aún cumpliendo con estos requisitos básicos se nos deniega la posibilidad de alquilar una vivienda por el hecho de ser trabajadoras del hogar.

En muchas ocasiones, las inmobiliarias y financieras nos piden más requisitos que a los demás demandantes de pisos y préstamos porque parece que ser trabajadora del hogar no es garantía, no nos ven capaces de pagar un alquiler o un préstamo, no somos tomadas en cuenta como cualquier otro trabajador, y nuestros contratos no valen lo mismo que el resto.

Esta situación de discriminación se produce porque para bancos e inmobiliarias el trabajo de hogar no es trabajo, no existe, es invisible. Quizá sea porque, aunque nos hayan incluido en el régimen general de trabajadores, ‘de facto’ no contamos con los mismos derechos que otros sectores.

El trabajo del hogar y los cuidados está denigrado con jornadas de 24 horas, pagos injustos, sin contratos, somos una parte importante de la economía sumergida. E incluso cuando nuestros contratos son legales y hay transferencias bancarias que así lo acreditan, se nos sigue tratando como trabajadoras informales o irregulares.

Por eso vemos necesario realizar esta denuncia de trato desigual basado en prejuicios por parte de instituciones privadas que no cumplen con la legislación y provocan situaciones de vulneración de un derecho básico como es el acceso a una vivienda digna.

Está claro que existe una relación directa entre sistema legislativo y discriminación institucional.

Para que esta situación cambie es imprescindible que se ratifique el Convenio 189 de la OIT (que ha sido eludida por los diferentes gobiernos desde que se celebró en 2011), y que se modifique la legislación española en la equiparación con el resto de trabajadores en derechos de seguridad social y el establecimiento de medidas de salud laboral e inspecciones de trabajo para el sector.

El reconocimiento de nuestros derechos como trabajadoras redundará en conseguir que todas las instituciones de la sociedad nos traten como ciudadanas con plenas garantías.

pez

Contra la precariedad, sólo cabe organizarse.

Para leer más puedes decargarte El Megáfono pinchando aquí

El Megáfono número 57

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